Judicialización del proceso electoral 2018

José Luis Rodríguez Flores.

Fue a través de la Procuraduria General de la República (PGR) que abrió una investigación en contra de Ricardo Anaya Cortés, por supuesto lavado de dinero probable resultante de la adquisición en 1997 de terrenos del predio conocido como “La Machorra” -según articulo del periódico El Universal- fue cuando El ex gobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón autorizó por decreto enajenar gigantesco inmueble donde se creó el Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro; el 19 de mayo de 2014, la empresa Junisera S. DE RL DE CV empresa de los suegros de Ricardo Anaya, Domingo Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco su esposa, Carolina Franco su cuñada y Natalia Martínez Franco y el propio panista queretano (con 42 % de participación) adquirió el lote 82, de 15 mil 682 metros cuadrados en 10 millones 717 mil 644 pesos, según consta en la escritura pública número 61175.

El artículo refiere que luego la familia de Anaya construyó una nave industrial en ese lote y dos años después el 25 de agosto de 2016, vendieron esa nave industrial equipada con 6 bodegas, en 53 millones 765 mil 31 pesos a Manhattan Master Plan Development S. de R.L., venta que les habría dejado una ganancia de 43 millones de pesos, pero a esta cifra se le debe considerar los gastos por equipar el inmueble y los impuestos pagados para poder venderla (SIC).

Ese párrafo resulta engañoso ya que dice que la venta les habría reportado los familiares de Ricardo Anaya una supuesta ganancia de 43 millones de pesos, luego dice que a esta supuesta ganancia se le deben restar los gastos por equipar el inmueble (pero el articulo refiere que ya sobre el lote de terreno existían 6 bodegas), y los impuestos pagados por venderla. Destacar que 6 bodegas no es cosa menor y deben tener un costo considerable por metro cuadrado, lo que reduciría la posible ganancia.

Más que ver si la ganancia es poca o mucha, habría que revisar, si el dinero es bien habido y eso sólo le compete a la PGR indagar, pero de acuerdo al artículo 182 del Código Procesal Penal; Secreto de las actuaciones de la investigación. Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. De ahí que Anaya se haya inconformado en contra de la difusión que la PGR dio a su visita el día jueves 1º de marzo de 2018 según Expansión en alianza con CNN, acompañado del jefe Diego Fernández de Ceballos, de Dante Delgado, presidente del Partido Movimiento Ciudadano, y de Damián Cepeda, presidente del PAN entre otros, ante esa H. autoridad, lo que podría derivar en contaminar la investigación y viciar el debido proceso.

Luego según El Economista del 11 de enero de 2018, los legisladores federales Jorge Álvarez Mainez y Verónica Delgadillo y el diputado local de Nuevo León Samuel García; presentaron una denuncia en la PGR en contra del candidato del PRI José Antonio Meade y de la titular de la Sedesol Rosario Robles, a quienes acusaron de ser responsables de supuestos desvíos de recursos públicos, en el caso conocido como La Estafa Maestra.

En suma el artículo de Libertad Bajo Palabra del 17 de abril de 2018 en Xalapa Veracruz, el abogado fiscalista Alejandro Ponce Rivera presentó ante la PGR denuncia en contra de Andrés Manuel López y su esposa por supuesto lavado de dinero. Según este penalista y cantante: “el ahora denunciado podría haber incurrido en la probable comisión del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal”, detalla la denuncia.

Otro ejemplo de la judicialización del proceso Electoral 2018, son las denuncias del INE en contra del ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco”; Margarita Zavala y Armando Ríos Piter “El Jaguar” que declinó; se les acusó a los tres, de que gente de su equipo habían manipulado millones de copias de credenciales del IFE para alcanzar los votos necesarios y así conseguir la candidatura a la Presidencia…

La judicialización del proceso electoral 2018 no es positiva para nuestro país, ya que en caso de que la población no perciba un cambio positivo para erradicar la impunidad, esta percepción negativa puede influir en el exterior, provocando incertidumbre en el entorno económico, en estos momentos en que más que nunca la economía mexicana requiere mantener su solidez y su crecimiento.

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