La fiscalía de la nación y la agenda de Derechos Humanos

Juan Martínez Veloz.

Existe un fuerte debate en estos momentos en el Congreso Federal sobre el nombramiento del Fiscal de la Nación (nueva Fiscalía General de la Republica, equivalente en algunas funciones al “Procurador General de la República”), aprobada el 10 de febrero de 2014 (D.O.F.).

Bienvenido el debate, debemos de encontrar el mejor perfil para estar en ese cargo tan importante para el país. El nombramiento del nuevo Fiscal es parte de la Agenda de Derechos Humanos que tenemos en México y que es necesario actualizarla año con año con las nuevas demandas de la sociedad.

En este tema coincido con la opinión de gran jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio, en relación al estado actual de la problemática actual de los derechos humanos:

“El problema que se nos presenta, en efecto, no es filosófico, sino jurídico y, en sentido mas amplio, político. No se trata de saber cuáles y cuantos son estos derechos, cuál es su naturaleza y fundamento, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados” (“Presente y Porvenir de los Derechos Humanos” en Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, Debate, Madrid, 1984).

El marcado interés que se observa en la actualidad en nuestro país por lograr un mayor grado de respeto a los derechos humanos es producto de una presión internacional de protesta contra el alto índice de violaciones a éstos derechos que ha registrado nuestro país por varios años; también a la voluntad política de los poderes del Estado Mexicano por perfeccionar los mecanismos e instituciones jurídicas protectoras de los derechos fundamentales, creándose para ello, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como las comisiones estatales y de la Ciudad de México en la materia.

No obstante a los avances institucionales logrados hasta hoy aún existen grandes desafíos para la sociedad mexicana a fin de lograr una plena vigencia de los derechos humanos, sobre todo en los siguientes aspectos:

* Hacer posible la vigencia de los derechos sociales (al trabajo, a la salud, a la cultura, al deporte) mediante programas de bienestar que permitan eliminar la marginación social en la cual se encuentran aún amplios sectores de la sociedad mexicana.

Apoyamos las peticiones que han venido desde EUA y Canadá de aumentar los salarios en México. La idea de un salario justo ya está en la Constitución mexicana (Art. 123) pero en la práctica no se cumple. Esta medida debe ser progresiva, pero buscando igualar condiciones salariales con Estados Unidos y Canadá.

* Ampliar la vigencia de los derechos fundamentales (en lo que proceda) y una cultura de respeto a la dignidad humana al interior de organismos no estatales (escuelas, sindicatos, partidos políticos, familia, iglesias).

* Reforzar el apoyo a los programas institucionales en coordinación eficaz y no paternalista con las organizaciones no gubernamentales destinados a la defensa de los derechos de grupos específicos de la población; los niños y las niñas, derechos de la mujer, víctimas del delito, discapacitados, el retrasado mental, personas con VIH, adultos de la tercera edad, entre otros.

* Ampliar el contenido de los derechos políticos de los ciudadanos hacia nuevas formas de democracia como la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato, las candidaturas apartidistas (independientes).

En este tema es importante avanzar en una mejor garantía para los derechos de los militantes en los partidos políticos.

* Profesionalizar el servicio público de policía, creando para ello policías estatales y municipales altamente capacitadas, sin romper con el marco de Estado Federal. Hay policías estatales y municipales que en lo general funcionan bien como en la Ciudad de México y en Torreón, Coahuila.

* HACER DE LA FISCALÍA GENERAL DE REPÚBLICA UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON INDEPENDENCIA Y GARANTÍAS JURÍDICAS PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.

En este tema hay que buscar los equilibrios jurídicos y políticos para que la relación entre el presidente de la república y los partidos de oposición funcione. Por ejemplo; “El Presidente de la República puede tener la mano en la propuesta de Fiscal General de la Nación y los partidos de oposición en la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

* Vigilar a los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos se cumplan en la práctica. Hay que darles seguimiento e informar a la sociedad.

* Reorganizar el sistema penitenciario nacional.

* Profesionalizar las comisiones de derechos humanos en los estados.

juanmartinez_veloz@yahoo.com