Movilidad urbana sustentable




Jesús salas Jáuregui.

Todos los días, para casi cualquier actividad que decidan desarrollar deseada o no los ciudadanos deben desplazarse por la ciudad o acceder a ella: para trabajar, asistir a la escuela, comprar, ir al cine, e incluso para pasear por un parque. Así al cabo del día, se producen millones de desplazamientos en nuestros pueblos y ciudades.

La movilidad urbana, entendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse, es por tanto un derecho social que es necesario preservar y garantizar de manera igualitaria, siguiendo la tesis del informe de Valladolid 2005 “todos los seres humanos sin excepción tienen derecho a que se establezcan las condiciones necesarias que el espacio urbano, sea apto y equitativo para la movilidad urbana de todos los habitantes de un territorio”.

Pero en las últimas décadas como producto de la primicia absoluta del vehículo motorizado privado frente a otros modelos de transporte, y de la continua expansión urbana que aleja cada vez más las zonas residenciales de los centros de trabajo u ocio, comercio, etc. El ejercicio de este derecho se ha convertido en el origen de muchos de los males endémicos que hoy sufren las ciudades, al tiempo que el modelo de movilidad instaurado es fuente de conflictos y desigualdades sociales.

Ruido, contaminación, alta incidencia de enfermedades relacionadas con la concentración de contaminantes en el aire, embotellamientos crónicos, pérdida de horas productivas y de ocio en ellos, con el estrés añadido que producen estas situaciones, despilfarro energético, dificultades de desplazamiento para personas con movilidad reducida, ancianos o simplemente no conductores, son algunos de los riesgos característicos de las ciudades modernas y sus entornos periurbanos.

Parece claro que las maneras actuales de acceder y moverse por la ciudad deben cambiar para que el derecho a la movilidad este realmente garantizado y sea compatible con una forma de vivir bien la ciudad.

En este sentido, cada vez más la movilidad urbana se debería orientar a incorporar criterios de sustentabilidad para lograr un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad que permita a los ciudadanos disfrutar de la ciudad, con desplazamientos seguros y que economicen tiempo y energía al tiempo que se favorezca la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo de la economía.

El papel de las administraciones a la hora de promover la transición hacia un modelo de movilidad urbana sostenible es básico, ya que son responsables de crear los mecanismos y estructuras necesarios para lograrlo (más y mejor transporte público, calles peatonales, carriles bici bien planeados, etc.) pero no lo es menos el de los ciudadanos, ya que el cambio de los hábitos de movilidad se basa en el conjunto de decisiones individuales que todos ellos toman cotidianamente.

A este respecto hay que señalar que el hacer un uso más racional y eficiente del vehículo motorizado privado y uno de los principales responsables del deterioro del medio ambiente urbano, requiere de una gran conciencia y participación ciudadana, eso sí apoyada por alternativas reales que sean cada vez más sostenibles, eficaces y confortables.