“Y los Juristas Rasgándose la Toga”.

Apolinar Rodríguez Rocha.

Al contemplar la coexistencia social en esta nuestra etapa de la Historia, con el factor de La explosión Demográfica desde una Perspectiva Penitenciaria y Política Criminológica, al retomar la idea de la democracia se aprecia que:

La democracia ha venido a demostrar su ineficiencia en cuestión de Justicia: es así como nuestros Jueces no son electos, sino designados, bajo el principio de profesionalización de los impartidores del sistema de Justicia; varios países latinoamericanos establecen ya normas procesales poniendo en boga los Jurados Populares, nada extraña esta reacción, toda vez que, dar facultades de Juez o de Imperio al Ejecutivo, con la facultad de amnistía y de Indulto, como reflejo del poder del Estado, lo mismo que sucede en las amplísimas facultades que se otorgan al Ministerio Público en el viejo y en el Nuevo Sistema Procesal Penal: en el sistema tradicional la facultad, no escrita, de abstenerse de investigar que se encontraba inmersa en el archivo definitivo para asuntos de hechos no típicos; es decir que no configuraran delito; además de aquella que permitía el archivo provisional, hasta prescribir la acción penal; y la omisión de procuración de justicia inmersa en la potestad fáctica no sancionada de detener de hecho la investigación, permitiendo la libertad del criminal hasta el grado de quedar impune el delito.

Todo delito no castigado, ya sea intencional o no, ocasiona el quebranto del Estado de derecho, esto es fomenta la delincuencia, la inseguridad pública, la inseguridad jurídica, la falta de certeza jurídica y por ende la falta de confianza en los Órganos del Estado.

No son pocos los Abogados y Juristas que “Rasgándose la Toga” reacios a consentir la impunidad dentro del Estado de Derecho, rechazan conductas gubernativas de auxilio o encubrimiento del delincuente, sobre todo en asuntos tan graves como LA MEGA DEUDA DE COAHUILA: consentir tan grave ofensa a la inteligencia y sentido de la justicia, de un mar de Juristas y Abogados Mexicanos, es una ofensa grave que pronto ha de pagarse; todos ellos están conscientes de la ilicitud, ilegalidad que es evidente en Coahuila en el Ejecutivo, en el Congreso en el Poder Judicial, hasta petulante, grosera, en presunción de poder absoluto.

No han de ser pocos, los que, mientras reciben la dádiva o salario del gobernante le aplauden, mientras su entendimiento les recrimina, ya su conciencia gritará tan fuerte que ni el mismo “Palacio Rosa” los podrá detener. No buscan los gobernados en este tipo de delitos, en este caso los Coahuilenses “quien lo hizo, sino quien la pague” ya hasta la mano de la Justicia norteamericana, (*bien por sus Juristas, Investigadores, Fiscales y criminólogos) hurgado en los entresijos de este México, sondeando el Lavado de los Dineros Robados a Coahuila y a México en su Federación (llámese Estados Unidos Mexicanos).

Caro muy caro le está costando al actual gobierno (de Coahuila y de México) en su credibilidad, legalidad y legitimidad, encubrir las pillerías del anterior sexenio coahuilense; En contrapartida cara, muy caro, en lo económico, le está saliendo al pueblo coahuilense pagar una deuda que no es de él.

Por demás de manifiesto que los intereses del pueblo no son los Intereses del gobernante en turno. En materia de Justicia existe la figura de la excusa para el juzgador que tiene parentesco o amistad con el acusado, esta figura ha emigrado incluso al Ministerio Público al conocer este tipo de asuntos.

La pregunta es ¿Por qué nuestro gobernador no se ha excluido, como Jefe del Ministerio Público de conocer sobre el caso Mega deuda en que se ve inmerso su consanguíneo ex gobernador? pregunta es ¿por qué no se ha convocado para formar una comisión ciudadana e integrantes de los Poderes del Estado y de la Federación por el Congreso del Estado que investigue, analice y estudie el caso de la mega deuda, las cuentas, sus causas y efectos económicos y sociales?

Debe Haber Pecados ni Penas Inpurgables, que sucede con las políticas públicas de Impunidad, dos penas se han auto aplicado los causantes de la Mega deuda de Coahuila: el autoexilio el ex gobernador HUMBERTO MOREIRA, JAVIER VILLARREAL, y LA CONFESION EXPONTANEA de los Banqueros que han reconocido su culpa en la contratación ilícita de créditos no autorizados.

En contrapartida e incongruencia, se crean en Coahuila y en México para los Delitos Graves (el de la mega deuda de Coahuila no lo es, por exclusión intencional y cómplice del legislador, el Congreso legítimo la mega deuda al ordenar a posteriori y a doc, la renegociación de la deuda ilícita; cuando es sabido que no existe obligación legal de pagar las deudas ilícitas) nuevas normas penales, aplicando pena sobre pena, hasta lo ilógico de penas que sobrepasa en conjunto la PENA PERPETUA más allá de la lógica; de lo ilógico, resulta una burla más para el jurista, en concreto para el Juez, cuando al aplicar la pena sobre pena sobrepasa el máximo de vida de cualquier individuo a un reo evidencia su falta de criterio, y el legislador y el ejecutivo insultan al Jurista que se convierte en la simple BOCA DE LA LEY, no en Jueces.

Es de agradecer… a quien se le ocurrió incluir en el Sistema Acusatorio y en la Constitución “La Aplicación de las Penas, su duración, modificación, reducción, son propias del Poder Judicial” con ello, la facultad de moderar humanamente en aras de la necesidad, suficiencia y proporcionalidad, la aplicación de la pena de prisión y todas otras, por lo que no debe aplicarse por simple dignidad del intelecto la aberrante pena más allá de la perspectiva de vida del individuo, también es dignificante la figura del Juez de Ejecución de Penas.

Vea Usted más allá de lo que Faculta la Ley al gobernante, que la ejecución de los delincuentes, que JERICO ha dado en llamar abatir a los delincuentes, en realidad es una política pública o política criminal de exterminio de ellos, esto provocado por la ineptitud del gobierno para capturarlos, para mantenerlos cautivos, y para readaptarlos, aún más, para construir acusaciones y procesos técnicamente bien hechos, que impidan legalmente la impunidad. Es pues verdad, que estamos de Facto en un Estado de Excepción (CON SUPRESIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES), y en la vigencia de “la Ley Fuga” ¿Estado de Derecho? ¿Estado de Derechos Humanos? ¿Estado Garantista? Piense Usted y vierta su sincera opinión.

Vea Usted la incongruencia el mismo Congreso, el mismo Ejecutivo y el mismo Poder Judicial, mientras al pueblo castigan con mano de hierro por otra parte al Gobernante delincuente, de cuello blanco, con magnanimidad y gracia arbitraria, lo encubren y protegen, hasta la impunidad. ¿La conciencia la callan, pero hasta cuándo?