La guerra contra la delincuencia

Apolinar Rodríguez Rocha.

“Delincuencia organizada”, el término es de uso popular, sin embargo, el conocimiento se queda sin explorar su significado: Resulta imperdonable que se hable a la ligera, por instituciones gubernamentales, de declaración de guerra a la delincuencia organizada. En materia de Teoría del Estado, la connotación de Estado en el contexto interno tiene el grado de superestructura, es decir el ente colectivo más poderoso y por ello soberano de todas las organizaciones que se encuentren dentro de sus ámbitos territorial y de súbditos.

En tal orden de cosas, resulta absurdo que de facto, dentro del Estado se encuentre en la clandestinidad un ente no identificado, de tal envergadura y poder que se le reconozca el carácter de enemigo; en forma ideal, todos los entes que se encuentren dentro de un Estado son necesariamente de menor poder y fuerza que el Estado y necesariamente sometidos a su poder soberano; el reconocer a un ente distinto al Estado el carácter de enemigo, es concederle a un grupo social disidente o beligerante un valor igual en fuerza y poder bélico que el propio Estado. De lo que resulta que se tienen dos estructuras, un poder reconocido y público, un poder alterno, no sólo uno soberano, como debería ser idealmente.

Políticamente declarar la guerra a un ente de menor envergadura es concederle un valor material del mismo tono y calidad que el del propio Estado; decir que se encuentran en un plano de igualdad de fuerza bélica, es reconocer división social y política sustancial, y reconocer la propia debilidad del Poder Público y del Estado reconocido.

La gravedad de la cuestión estriba en la lucha material entre estructuras organizativas; desde tal perspectiva, la realidad ante la desigualdad de los confrontados, tal situación no es guerra, sino, o bien, acto de imposición del poder de gobierno del dominio estatal dirigido a sus súbditos, y de no ser dirigido a los súbditos se hablaría de avasallamiento o conquista, es decir sometimiento a la fuerza del ente de mayor poder. Claro está, en materia de guerra entre Estados no se trata de medir el poder material entre Estados, el carácter de igualdad a los contrincantes se los brinda el reconocimiento internacional de Estados.

Es de referir que existe una diferencia de grado en la lucha material, y en lo jurídico entre la reglamentación del derecho de rebeldía interna (de menor envergadura) en el derecho penal y lucha entre iguales (Estados) en el derecho de guerra (propiamente derecho del enemigo); la figura del enemigo se da sólo en lucha entre Estados (lo integran también los miembros de las fuerzas combatientes y lo justifica el derecho de independencia entre Estados y soberanía interna de cada Estado, su protección y conservación).

El derecho penal en cambio es derecho del nacional (derecho civil) y del extranjero (derecho de gentes), dentro de este derecho el gobierno constitucionalmente establecido lucha por el orden social a través de la legislación en contra del anárquico, rebelde, beligerante, delincuente o traidor: Cabe aclarar que en el fuero interno la lucha es por la soberanía interna, poder político y los factores que lo integran, dentro de esto debe estimarse que el anárquico y el beligerante puede serlo solamente de ideas, el delincuente lo es de hecho y su lucha es en represalia contra la sociedad. El rebelde lucha materialmente contra los poderes gobernantes del Estado tratando se usurparlos o someterlos a su intereses egoístas (cuando lucha en contra de gobernantes demócratas que lo sean de derecho y de hecho) o ideales legítimos (cuando lucha contra gobiernos despóticos, tiránicos, dictatoriales, usurpados). El derecho del traidor es distinto, él se entrega y entrega a los de su parte a su enemigo, por diversas razones que no tiene más que dos vertientes: la primera intereses egoístas que lo incriminan, y la segunda las causas que vician su voluntad que lo justifican, salvo el vicio de la fuerza o violencia que es natural del estado de lucha o que surge de la naturaleza de su encargo o profesión, incluso de su rol social lo que no justifica como vicio de la voluntad.

Resulta inexplicable que en México, una lucha en tales ventajas a favor del combatiente gobernante, no haya culminado ya en su favor, y es evidente que no existe argumento alguno que justifique prolongar el Estado de lucha más que en la intencionalidad, o la negligencia o la ineptitud o una ayuda exterior a favor de los rebeldes.

Lo establecido en México, no se lucha realmente contra enemigos, sino contra parte de la población ciudadana del mismo México; lo establecido es un derecho penal gradual desigual interno, en lo que se ha dado en llamar derecho penal de varias velocidades (dos) (tres), es decir “trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales”. La igualdad ante la Ley, otra la ley del trato, otra la igualdad procesal, otra la igualdad de penas, se da, que ningún caso judicial es igual que el otro, a lo que se refieren los autores es a distintas velocidades en lo sustancial, en lo procesal, incluso en las medidas cautelares, en la pena, en su ejecución y modalidades.

Lo que exige al delincuente común y al perseguido, procesado o sentenciado por delincuencia organizada: Distinto trato en la prevención. Distinto Trato en el Proceso. Distinto Trato en la ejecución de las penas.

No son pocos a los que la lucha se les antoja verdadera táctica publicitaria, como en su momento lo fue “El Chupa cabras”. El medio es hacer creer al insubordinado “delincuente” (creado ex profeso) que tiene el mismo grado de poder bélico que el Estado soberano para servir de costal de boxeo, cuando en realidad es una lucha desigual, y sin más oportunidad que la cárcel o la muerte, instrumentada por el gobernante para arrancar los aplausos a favor del gladiador oficial. Como dicen los críticos sociales, es una guerra para acabar con la pobreza y acallar sus lamentos, pero creando tras de sí un indeseable y enorme semillero de delincuentes por imitación, huérfanos y viudas.

¿Qué se oculta detrás de tanta violencia? ¿Es razonable creer en México en una guerra entre desiguales? ¿Será la lucha una farsa ideada como campaña publicitaria para algún fin similar a la mercadotecnia? ¿Ha generado el fenómeno delictivo grandes derramas económicas a empresas de seguridad pública y privada, medios de comunicación, autores y compositores de obras literarias y doctrinales? ¿Quiénes serán los socios de esas empresas lucrativas?